Puestos a buscar analogías, si los Gobiernos de Felipe González estuvieron marcados por un hermano, el de Alfonso Guerra, y por su cuñado Palomino, si en el de Aznar ,despuntó su hija Ana, su yerno Alejandro Agag y la “ boda de Estado “de ambos en el Monasterio de El Escorial, en el de Zapatero el papel estelar del árbol genealógico del presidente correspondió a su abuelo, el capitán de Ejército Republicano Juan Rodríguez, en agosto de 1936 fusilado por los golpistas.Zapatero, que tiempo atrás había explicado que decidió dedicarse a la política después de que su padre le leyera a él y a su hermano el testamento de su abuelo y su “muero inocente y perdono “, cerró su discurso de investidura citando una de sus frases que, según dijo, había convertido en ideario: “un ansia infinita de paz, amor al bien y mejoramiento social de los humildes “.
Sobre la figura del capitán Lozano y, en opinión del PP, la obsesión del nieto por ganar la guerra que perdió su abuelo, giró una parte importante del debate político durante buena parte de la legislatura.Siguiendo la estrategia de empujar al PP hacia la derecha, los socialistas, además de retirar algunas estatuas de Franco, habían hecho suyas las demandas de sus aliados de dar una reparación definitiva a las víctimas del franquismo. A tal efecto, se constituyó a finales de 2004 una comisión interministerial coordinada por la vicepresidenta De la Vega para estudiar las compensaciones a los represaliados de la dictadura.La comisión prolongó sus trabajos durante casi dos años.Sus conclusiones deberían plasmarse en un proyecto de ley que llegó finalmente a la Cámara a finales de 2006, proclamado “año de la Memoria Histórica “a propuesta de IU. En esta última iniciativa se instaba al reconocimiento de la República como antecedente de la actual democracia, lo cual no dejaba de ser una obviedad histórica, aunque el PP le pareciera que aquello formaba parte de un complot para poner en marcha una segunda transición y enterrar los logros de la primera.Los actos de homenaje que se solicitaban se circunscribieron a alguna emisión de sellos y a un convenio para reeditar las obras completas de Azaña.
Las propias consideraciones de Zapatero acerca de la Segunda República , de cuya proclamación se cumplían 75 años en 2006 y a la que se refirió como “un período de sueños y lágrimas “, se limitaron a reconocer que algunos de sus objetivos sociales estaban plenamente vigentes.El esperado proyecto de Ley de Memoria Histórica llegó tan descafeinado al Parlamento que fue irreconocible para sus promotores. Quienes esperaban que se diera reparación moral a las víctimas del franquismo de la única manera posible,anulando sus condenas , se encontraron con que lo que recibirían sería una especie de diploma de buena conducta, siempre claro que pasaran un examen ante un comité de sabios.Eso sí,la identidad de quienes ordenaron su muerte, la de quienes les denunciaron, les torturaron o les condenaron no se revelaría. Las víctimas o sus familias podrían tener así el certificado colgado en el salón de su casa mientras en los archivos oficiales seguirían figurando como delincuentes quienes defendieron el orden legítimo republicano o lucharon contra la dictadura.
El argumento que dio el Ejecutivo para dar el estatus de cosa juzgada a las aberraciones del franquismo fue el de la seguridad jurídica.El informe de la comisión interministerial así lo establecía, además de aludir a las dificultades enormes que conllevaría revisar hechos acaecidos en un tiempo lejano y apreciar su certeza. Es decir, que se darían por bueno los juicios montados por órganos militares subordinados al poder ejecutivo y desarrollado sin garantías de defensa, porque sería difícil demostrar ahora la inocencia de los condenados. “La anulación que se demanda dice el informe de la comisión no puede ser acogida en sus propios términos por impedirlo así la Constitución ”.Los estudios que la Comisión aseguró haber encargado para llegar a estas conclusiones se mantuvieron también en el anonimato, en otro homenaje al silencio.
El atentado que terminó de perpetrar el PSOE con su proyecto de ley de Memoria Histórica fue un quiero y no puedo que, y esto es lo grave, legalizó el régimen franquista de manera definitiva.Se establecía el carácter injusto de las condenas o sanciones durante la Guerra Civil “cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraron quienes la padecieron”. Ello da pie a que un golpista que hubiera sido detenido en Madrid en 1936 y luego hubiera protagonizado actos de represión durante la dictadura tendría derecho “a la reparación de su memoria personal y familiar “.La localización e identificación de las víctimas merece mención aparte.Franco lo había hecho mejor.Una orden de 1 de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones “cadáveres de asesinados por rojos “ estableció que toda persona que deseara “exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio “lo solicitara al gobernador civil de la provincia correspondiente.Ahora el asunto se confiaba en buena medida a las ONG, para las que podrían “arbitrarse subvenciones”.
El PSOE había logrado, aunque por razones distintas, concitar el rechazo del PP, de IU y de ERC. Se había esperado hasta el mes de diciembre de 2006 para someter el proyecto a su primer trámite parlamentario. Y el resultado fue decepcionante para el Ejecutivo, que, en los inicios de la legislatura, había presentado la Ley de Memoria Histórica como un hito en la legislación , y la justicia española.Tal vez por ese enorme grado de rechazo,el Ejecutivo decidió hacer una nueva concesión, durante la tramitación, poco antes del verano de 2007 a quienes habían sido sus socios:admitir la anulación de todos los juicios sumarísimos celebrados durante la dictadura Franquista. Eso sí, la fórmula empleada no dejaba margen a las reclamaciones económicas de los afectados.Con esa modificación, el Ejecutivo consiguió una nueva adhesión de IU, que dio por buena reparación.
Cerrado el Parlamento hasta septiembre por las vacaciones de verano, la tramitación de los Presupuestos de 2008 a partir de septiembre y las generales en el horizonte, las posibilidades de que la ley saliera adelante eran escasas, como si el PSOE quisiera olvidarse de su ley de la Memoria Histórica.Las negociaciones se prolongaron hasta otoño de 2007,gracias fundamentalmente a IU,que confiaba en que algunas de sus disposiciones insuflaran algo de vida a las arcas del PCE, un “muerto “ dispuesto a sobrevivir con las subvenciones previstas por extraer de las cuentas los huesos de los asesinados por los franquistas. La ley que debía servir para hacer justicia y limpiar la memoria de quienes combatieron contra el fascismo sólo era buena para ciertos exhumadores de cadáveres. Si el capitán Lozano levantara la cabeza…
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Sobre la figura del capitán Lozano y, en opinión del PP, la obsesión del nieto por ganar la guerra que perdió su abuelo, giró una parte importante del debate político durante buena parte de la legislatura.Siguiendo la estrategia de empujar al PP hacia la derecha, los socialistas, además de retirar algunas estatuas de Franco, habían hecho suyas las demandas de sus aliados de dar una reparación definitiva a las víctimas del franquismo. A tal efecto, se constituyó a finales de 2004 una comisión interministerial coordinada por la vicepresidenta De la Vega para estudiar las compensaciones a los represaliados de la dictadura.La comisión prolongó sus trabajos durante casi dos años.Sus conclusiones deberían plasmarse en un proyecto de ley que llegó finalmente a la Cámara a finales de 2006, proclamado “año de la Memoria Histórica “a propuesta de IU. En esta última iniciativa se instaba al reconocimiento de la República como antecedente de la actual democracia, lo cual no dejaba de ser una obviedad histórica, aunque el PP le pareciera que aquello formaba parte de un complot para poner en marcha una segunda transición y enterrar los logros de la primera.Los actos de homenaje que se solicitaban se circunscribieron a alguna emisión de sellos y a un convenio para reeditar las obras completas de Azaña.
Las propias consideraciones de Zapatero acerca de la Segunda República , de cuya proclamación se cumplían 75 años en 2006 y a la que se refirió como “un período de sueños y lágrimas “, se limitaron a reconocer que algunos de sus objetivos sociales estaban plenamente vigentes.El esperado proyecto de Ley de Memoria Histórica llegó tan descafeinado al Parlamento que fue irreconocible para sus promotores. Quienes esperaban que se diera reparación moral a las víctimas del franquismo de la única manera posible,anulando sus condenas , se encontraron con que lo que recibirían sería una especie de diploma de buena conducta, siempre claro que pasaran un examen ante un comité de sabios.Eso sí,la identidad de quienes ordenaron su muerte, la de quienes les denunciaron, les torturaron o les condenaron no se revelaría. Las víctimas o sus familias podrían tener así el certificado colgado en el salón de su casa mientras en los archivos oficiales seguirían figurando como delincuentes quienes defendieron el orden legítimo republicano o lucharon contra la dictadura.
El argumento que dio el Ejecutivo para dar el estatus de cosa juzgada a las aberraciones del franquismo fue el de la seguridad jurídica.El informe de la comisión interministerial así lo establecía, además de aludir a las dificultades enormes que conllevaría revisar hechos acaecidos en un tiempo lejano y apreciar su certeza. Es decir, que se darían por bueno los juicios montados por órganos militares subordinados al poder ejecutivo y desarrollado sin garantías de defensa, porque sería difícil demostrar ahora la inocencia de los condenados. “La anulación que se demanda dice el informe de la comisión no puede ser acogida en sus propios términos por impedirlo así la Constitución ”.Los estudios que la Comisión aseguró haber encargado para llegar a estas conclusiones se mantuvieron también en el anonimato, en otro homenaje al silencio.
El atentado que terminó de perpetrar el PSOE con su proyecto de ley de Memoria Histórica fue un quiero y no puedo que, y esto es lo grave, legalizó el régimen franquista de manera definitiva.Se establecía el carácter injusto de las condenas o sanciones durante la Guerra Civil “cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraron quienes la padecieron”. Ello da pie a que un golpista que hubiera sido detenido en Madrid en 1936 y luego hubiera protagonizado actos de represión durante la dictadura tendría derecho “a la reparación de su memoria personal y familiar “.La localización e identificación de las víctimas merece mención aparte.Franco lo había hecho mejor.Una orden de 1 de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones “cadáveres de asesinados por rojos “ estableció que toda persona que deseara “exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio “lo solicitara al gobernador civil de la provincia correspondiente.Ahora el asunto se confiaba en buena medida a las ONG, para las que podrían “arbitrarse subvenciones”.
El PSOE había logrado, aunque por razones distintas, concitar el rechazo del PP, de IU y de ERC. Se había esperado hasta el mes de diciembre de 2006 para someter el proyecto a su primer trámite parlamentario. Y el resultado fue decepcionante para el Ejecutivo, que, en los inicios de la legislatura, había presentado la Ley de Memoria Histórica como un hito en la legislación , y la justicia española.Tal vez por ese enorme grado de rechazo,el Ejecutivo decidió hacer una nueva concesión, durante la tramitación, poco antes del verano de 2007 a quienes habían sido sus socios:admitir la anulación de todos los juicios sumarísimos celebrados durante la dictadura Franquista. Eso sí, la fórmula empleada no dejaba margen a las reclamaciones económicas de los afectados.Con esa modificación, el Ejecutivo consiguió una nueva adhesión de IU, que dio por buena reparación.
Cerrado el Parlamento hasta septiembre por las vacaciones de verano, la tramitación de los Presupuestos de 2008 a partir de septiembre y las generales en el horizonte, las posibilidades de que la ley saliera adelante eran escasas, como si el PSOE quisiera olvidarse de su ley de la Memoria Histórica.Las negociaciones se prolongaron hasta otoño de 2007,gracias fundamentalmente a IU,que confiaba en que algunas de sus disposiciones insuflaran algo de vida a las arcas del PCE, un “muerto “ dispuesto a sobrevivir con las subvenciones previstas por extraer de las cuentas los huesos de los asesinados por los franquistas. La ley que debía servir para hacer justicia y limpiar la memoria de quienes combatieron contra el fascismo sólo era buena para ciertos exhumadores de cadáveres. Si el capitán Lozano levantara la cabeza…
